El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha enmendado un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Málaga, recurrido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Torremolinos, que daba la razón a las reclamaciones económicas que la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) hacía al Consistorio.
La demanda de casi diecinueve millones de euros se remonta a hace veinte años, por lo que junto a los intereses generados, la cifra que hubiera debido abonar el Ayuntamiento de Torremolinos podría haber superado los treinta y cinco millones de euros.
La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto al equipo de Gobierno, ha comparecido hoy para explicar en detalle el origen de esta reclamación: “Como bien saben, este Ayuntamiento lleva años intentando aclarar la relación con una mercantil, FCC, que reclamaba cantidades dinerarias a Torremolinos supuestamente generadas a principios de los años noventa y que, aunque parezca surrealista, todavía no se habían zanjado”.
La regidora ha recordado que tras varias huelgas de basura en 1994 por presuntos impagos del Ayuntamiento, comandado entonces por el socialista Miguel Escalona, a FCC, concesionaria de limpieza, en 1995 el PP rescata esa concesión y de ahí surge la creación de Litosa y la municipalización del servicio. Esta circunstancia llevó al Ayuntamiento hace más de veinte años, en concreto en 2004, a suscribir un convenio con esta mercantil para afrontar las mencionadas reclamaciones dinerarias mediante la compensación con suelos.
“Ese convenio fue tumbado en 2011 por la Junta de Andalucía, que rechazó utilizar patrimonio municipal de suelo para afrontar una reclamación de este tipo. Y desde ese momento, comenzó una vía judicial por la que esta mercantil exigía a los torremolinenses el pago de una presunta deuda de 18,9 millones de euros más intereses devengados desde 2004, lo que hubiera supuesto superar los treinta y cinco millones de euros”, ha proseguido Del Cid.
“Creo que todos los que saben cómo funciona un ayuntamiento y las dificultades económicas a las que nos enfrentamos a diario, se pueden imaginar que haber tenido que hacer frente a un pago de 18,9 millones en el mejor de los casos, y de más de treinta y cinco en el peor de los casos, hubiera supuesto una parálisis absoluta durante años”, ha argumentado.
De esta forma, “el peor de los escenarios” llegaba con un auto del Contencioso Administrativo de febrero de 2024, que daba la razón a la mercantil y que exigía al Ayuntamiento aprobar un plan de pago de forma inmediata. “Con angustia, como es lógico, pero con mucha determinación, porque creíamos que teníamos la razón, la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento se ha fajado con este asunto. Argumentado, entre otras cuestiones, que la mercantil pretendía convertir reclamaciones dinerarias originadas en los noventa en créditos líquidos, vencidos y exigibles. Cuando en ningún caso existía en todo este tiempo un reconocimiento de deuda por parte de este Ayuntamiento.”, ha declarado la regidora.
“La mercantil hacía referencia a la auditoría que encargó el PSOE en 2017 y a un decreto de alcaldía de diciembre de 2016 en el que, no sabemos por qué, la señora Tocón debería explicarlo, se hacía referencia a un concepto jurídica y administrativamente muy poco sólido, deuda no contabilizada. Parece ser que la motivación del PSOE entonces era echar tierra al anterior equipo de gobierno, aunque ello supusiera la quiebra del Ayuntamiento. Pero nosotros defendíamos la verdad. De hecho, como tercer argumento, hemos defendido que no existe ninguna resolución judicial ni administrativa que reconozca cantidad alguna adeudada por el Ayuntamiento a FCC tampoco en concepto de intereses devengados”, ha proseguido explicando Del Cid.
“En definitiva, hemos conseguido que nuestros argumentos sean escuchados. Hemos conseguido que, después de décadas, hayamos salvado al Ayuntamiento de un asunto que fue mal gestionado desde el principio. Mal gestionado por quien entonces generó un problema con la concesionaria de limpieza, a principios de los noventa. Mal gestionado por quien intentó compensar esta problemática con patrimonio municipal de suelo, algo que fue anulado por la Junta de Andalucía por ser ilegal. Y mal gestionado por el último equipo de gobierno socialista, con una estrategia jurídica errática y que parecía más centrada en darle la razón a la mercantil, con el daño que eso hubiera supuesto para los torremolinenses”, ha señalado la alcaldesa.
“Coincide que detrás de muchas de esas malas gestiones están los mismos que dicen ahora que el cambio de gestión del modelo de limpieza en el que ahora trabajamos venía motivado por esa presunta deuda con la mercantil. Hoy han quedado demostradas muchas cosas. En primer lugar, que la verdad, cuando las cosas se hacen bien, se abre camino. Que cuando se comete un error, lo que hay que hacer es afrontarlo y no taparlo con decisiones equivocadas y que van haciendo más grande la bola de nieve. Y en tercer lugar, ha quedado confirmado que este asunto no se ha arreglado hasta que ha habido un equipo de Gobierno al frente que tenía la intención inequívoca de defender el interés general de los torremolinenses. Por encima de cualquier otra cuestión. Y creo que es algo, insisto, atribuible sólo a este equipo de Gobierno”, ha declarado la regidora.
