La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga ha emitido una declaración institucional en la que expresan su «rechazo a todas aquellas actuaciones que puedan suponer cualquier tipo de injerencia en la separación de poderes».
Así lo han señalado en dicha declaración, aprobada en una sesión extraordinaria celebrada en este pasado domingo, 12 de noviembre, tras el acuerdo alcanzado la pasada semana entre el PSOE y Junts per Catalunya que alude a supuestos casos de ‘lawfare’.
«El Colegio de Abogados de Málaga tiene como uno de sus fines esenciales la defensa del Estado social y democrático de derecho, proclamado en la Constitución», han recordado, apuntando que así lo establecen el artículo 3 de sus estatutos y el artículo 67 del estatuto general de la Abogacía española.
Al respecto, han señalado que el Estado de Derecho que proclama la Constitución «se asienta en la separación de poderes y la independencia judicial para garantizar el imperio de la ley, por lo que su defensa exige el firme rechazo de toda injerencia en la independencia de jueces y magistrados, y la exigencia del pleno respeto al ordenamiento jurídico».
Por ello, la Abogacía de Málaga «hace suyo el comunicado institucional del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados del pasado 11 de noviembre de 2023 y expresa su rechazo a todas aquellas actuaciones que puedan suponer cualquier tipo de injerencia en la separación de poderes, reafirmando su constante defensa de la independencia judicial, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley».
«Esta declaración se realiza en cumplimiento de los fines de este colegio y en defensa del Estado de derecho, desde la neutralidad política y el respeto a todas las sensibilidades e ideologías de todos nuestros colegiados», han finalizado.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, compuesto por los once entidades colegiales de Andalucía, emitió un comunicado institucional en el que señalaba que «en defensa del Estado democrático de Derecho, rechaza toda intromisión en sus principios básicos: la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley».
De igual forma expresaron su convicción «en que nuestro ordenamiento jurídico garantiza la separación de poderes y en que nuestro sistema judicial tiene los mecanismos necesarios para que impere la legalidad».
Así, apuntaron que dicha declaración, «emitida desde la neutralidad institucional y en cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la obligación de las corporaciones de Derecho Público representativas de la profesión de no asumir posiciones ideológicas», tenía «como única finalidad la salvaguarda de la Constitución española y la democracia».
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