El Consistorio llevará a Pleno el próximo lunes acogerse al Fondo de Ordenación Estatal para abonar otros 43 millones procedentes de sentencias judiciales, “garantizando la viabilidad de la institución y los niveles de servicios e inversión hasta el año 2032”.
El Ayuntamiento ha hecho frente en los últimos quince años a más de 400 millones de euros derivados de la deuda generada en las arcas municipales durante la ‘era GIL’. Una cuantía que se incrementará en 43 millones de euros más para abonar una serie de procedimientos judiciales con sentencia firme que responden a reclamaciones de aquella época. “Hemos tenido que afrontar las responsabilidades económicas de los perjudicados por los desmanes del GIL, una cantidad astronómica que habría sido imposible de asumir por cualquier otro Gobierno municipal y en cualquier otra ciudad”, ha destacado el portavoz municipal y concejal de Hacienda, Félix Romero, que ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Ejecutivo local y la plantilla del Consistorio durante estos años para mantener la prestación de servicios y la calidad de vida de los vecinos de la ciudad al mismo tiempo que ir asumiendo “una factura de dimensiones descomunales”. “Hablamos de una cuantía similar al importe del Plan de Obras de Madrid para los próximos dos mandatos, a la obra civil y el equipamiento tecnológico del nuevo estado Santiago Bernabéu o a la suma del presupuesto para este ejercicio de todos los ayuntamientos, salvo Marbella, que componen la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental”, ha subrayado.
El edil ha explicado que para hacer frente a esos 43 millones de euros, de sentencias judiciales de pleitos que en muchos casos se han beneficiado de la reinterpretación que el Tribunal Supremo realiza del plazo de prescripción, el Pleno someterá a aprobación el próximo lunes, 13 de septiembre, que el Consistorio se acoja al Fondo de Ordenación Estatal para abonar esa cantidad, “garantizando la viabilidad de la institución y los niveles de servicios e inversión hasta el año 2032”. “Confiamos en que sea la última factura en relación con esta etapa, pero, si no lo fuera, el mecanismo que hemos utilizado es dinámico y permite su ampliación”, ha precisado.
Romero ha recordado que “en 2007, después de la disolución de la Corporación y cuando tomamos las riendas del Ayuntamiento, nos encontramos con la necesidad de afrontar una factura de dimensiones inmensas, con importantes deudas con Seguridad Social y Hacienda, una amplia plantilla y un agujero descomunal en las arcas municipales”. “Lo fuimos solucionando con rigor, sacrificio y también con el apoyo de otras administraciones, aunque no siempre en el grado que nos hubiera gustado”, ha detallado el portavoz municipal, quien ha añadido que “junto a estos problemas hemos tenido también que hacer frente a las responsabilidades generadas de los que se creyeran o realmente fueran perjudicados por la gestión en la época descrita”. “Desde el principio, el criterio de este equipo de Gobierno fue pelear en los tribunales cada reclamación, para que al pueblo de Marbella la factura de la época GIL le resultase lo menos gravosa posible”, ha resaltado.
“En paralelo, la gestión económica en este sentido se ha hecho de forma muy trabajada, sin afectar ni a los servicios ni a la inversión en la ciudad”, ha apuntado el responsable de Hacienda, quien ha puesto el acento en que “a lo largo de estos quince años hemos acometido obras de gran calado que han transformado la ciudad, hemos relanzado la marca Marbella y posicionado la imagen de la ciudad de nuevo donde merece en el ámbito nacional e internacional, hemos mejorado la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes y hemos dado respuesta a las necesidades de los más vulnerables”. “Todo ello mientras hacíamos frente a una deuda heredada inmensa”, ha recalcado.
“Cuando hemos tenido constancia de la última remesa de sentencias judiciales, con un impacto tan importante, nos pusimos a trabajar y a buscar soluciones satisfactorias para la institución y, en este sentido, el próximo lunes llevaremos al Pleno una medida que solventará el problema, estructurará la obligación que tenemos que afrontar y garantizará el funcionamiento ordinario de la ciudad”, ha indicado. “Ya lo hemos hecho otras veces, por lo que nos asiste la credibilidad”, ha señalado Romero, quien ha detallado que “el importe solicitado al Fondo de Ordenación Estatal lo devolveremos en diez años y además deberemos aprobar un plan de ajuste, que no resulta nada traumático y que únicamente obliga a mantener el rigor presupuestario y a recortar un 4 por ciento el gasto corriente, pero sin necesidad de subir impuestos ni reducir la plantilla”. Además, “contamos con la suerte de que la Junta de Andalucía ha publicado la posibilidad de que los ayuntamientos podamos solicitar el aplazamiento hasta dos años de las liquidaciones que se tengan que realizar por deuda, lo que nos permitirá afrontar incluso con más garantías la situación”, ha añadido.
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