La Eco Reserva de Ojén, el refugio natural de fauna conservacionista de Málaga fue cerrado al público este mes de febrero tras localizarse, explican, varias infracciones graves según la Junta de Andalucía en una inspección llevada a cabo en el año 2020, en plena pandemia. Por su parte, el Partido Animalista PACMA explica que las medidas tomadas como consecuencia de esa inspección han sido «desproporcionadas» y que dificultan el objetivo de bienestar de los animales que habitan en el interior del parque.
Casi dos años más tarde de una inspección en la que se puso en duda la integridad de los animales habitantes de la ecoreserva, la Junta de Andalucía la cierra al público y corta el suministro económico que permite el mantenimiento de los trabajadores y el sustento de los animales. Desde PACMA afirman que algunas de las infracciones de las que se acusa a la dirección del parque son desmedidas y otras no están fundamentadas.
La Autorización Ambiental Unificada (AAU) fue concedida a la Reserva Ecológica Monte Ojén el 24 de junio de 2016 para la instalación de un Parque Zoológico en el monte público de «Sierra Blanca», en Ojén. Actualmente, continúa vigente por haber dado comienzo la ejecución del proyecto con anterioridad al plazo establecido y bajo constancia de la administración, pero la Junta no lo ha reconocido.
«Se pretende fundamentar la medida con base en la caducidad de la AAU, al no cumplirse los condicionantes exigidos en la misma, lo cual se traduce, por ende, en la falta de autorización exigida por la norma», sostienen desde el Partido Animalista: «se ha adelantado y prejuzgado el resultado sin conocerse, siquiera, las circunstancias que sustentarían la medida, dando cosas por hecho, cuando lo cierto que dicha autorización sigue en vigor«.
«Una orden de cierre urgente en un expediente de dos años descarta, de pleno, todo tipo de urgencia», explican. «Tampoco se entiende que ordenen dicha clausura por la conservación de los animales, cuando eso implica el cese de ingresos, que repercutirá en su alimentación, salud y en la calidad de su atención porque no se podrá mantener a los empleados. Es inviable para la dirección del parque hacerse cargo de todos los gastos de su propio bolsillo, como ha ordenado la Junta». Además, la directiva ha sido condenada al pago de una multa de más de 130.000€.
La Junta acusa a la ecoreserva de no haber solicitado autorización ni registro de núcleo zoológico, lo cual se desmiente en el comunicado enviado por PACMA, que afirma que esta se realizó hasta en dos ocasiones.
«Otra incongruencia del mismo informe aparece en su página segunda en la que aduce que en fecha 13 de octubre y 14 de diciembre de 2015 se giran visitas para comprobar que todo se ajusta a la normativa de Parques Zoológicos, siendo la conclusión que no se cumple, pero ha de advertirse que, en dichas fechas, concretamente en el año 2015, la instalación no estaba abierta al público, sino que estaba en trámites», manifiestan.
Desde el Partido Animalista esperan que el expediente se resuelva de manera favorable para el refugio, que realiza una labor educativa y de conservación con animales en su entorno natural, y se comprometen a proporcionarles apoyo legal para lograr su reapertura. Consideran que la situación es «injusta» y que la Junta de Andalucía ha obrado de manera inapropiada.
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