En pleno debate por los problemas de movilidad que afronta la provincia, los retrasos del estudio de viabilidad del tren litoral o bonificaciones solo apalabradas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la actualización de tarifas de los peajes en las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa. Se producirán subidas en los precios.
Estas subidas oscilarán entre un 3,84 % y un 5,45 %, según las condiciones específicas de cada concesión. La medida afecta a varias autopistas, entre las que se encuentra la de la AP-7 (Málaga-Guadiaro), la autopista de la Costa del Sol.
También se verán afectadas la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46, y ha sido aprobada mediante una orden ministerial.
El incremento responde principalmente al crecimiento del índice de precios al consumo (IPC), conforme a lo estipulado por la legislación, y a la eliminación progresiva de las medidas extraordinarias que limitaron el alza de los peajes al 4 % en 2023.
El ministerio ha recordado que, en 2022, se aplicó una subvención temporal para mitigar el impacto de la alta inflación, lo que permitió evitar un aumento de entre el 8,4 % y el 9,5 %. Esta subvención deberá ser retirada gradualmente hasta 2026, lo que implica que la subida de tarifas será acumulativa, repercutiendo a los usuarios la diferencia que no abonaron en 2023.
Sin esta subvención, las tarifas habrían subido entre un 5,98 % y un 7,72 %. Desde 2023, esta medida ha supuesto un ahorro de unos 60 millones de euros para los usuarios, y en 2025, la subvención estimada será de 22 millones de euros. Así, la AP-7, entre Calahonda y Guadiaro, sube este año un 3,89%. De no ser por esta limitación mencionada por el Ministerio de Transportes, el aumento sería del 6,13%.