Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son claras: Málaga es la provincia española con mayor número de viviendas turísticas y, dentro de Málaga, la Costa del Sol no es ni mucho menos la excepción.
Desde el año pasado el número de inmuebles dedicados al turismo ha crecido más de un 16%, aunque existen notables diferencias por municipios. Marbella, con 6.994 viviendas, y Mijas, con 4.229, encabezan la lista de las ciudades con más alojamientos de este tipo. El crecimiento respecto al año pasado es significativo, en 2023 las cifras se situaban en 5.925 y 3.503, respectivamente.
Les siguen, por volumen, Benalmádena con 3.378 y Estepona con 3.227. El resto de municipios de la Costa del Sol, incluyendo algunos grandes como Torremolinos o Fuengirola, se encuentran por debajo de las 3.000 viviendas turísticas.
Las estadísticas cambian, si embargo, si tenemos en cuenta el porcentaje de viviendas turísticas respecto al total de viviendas de cada localidad. En este caso encabezan la lista nombres como Benahavís o Casares.
En Benahavís el 9,31% de sus viviendas son turísticas y en Casares el 8,28%. En Marbella, Mijas, Benalmádena o Estepona el porcentaje ronda el 7%.
Se trata de cantidades muy por encima del porcentaje nacional, donde el 1,33% de las viviendas se dedican al turismo, del andaluz (1,76%) e incluso el provincial (4,12%).
La proliferación de este tipo de alojamientos preocupa por su impacto en el precio de la vivienda que en el último año ha tocado cifras de récord en la Costa del Sol, tanto en compra como en alquiler. Sin perder de vista que el turismo es la principal fuente de recursos de la comarca, desde diversos sectores se demanda la necesidad de una regulación.
A principios de este año la Junta de Andalucía aprobó un decreto de viviendas turísticas que dejaba en manos de los ayuntamientos establecer limitaciones en su planeamiento urbanístico para frenar el crecimiento de este tipo de alojamientos en zonas tensionadas la ciudad.
Según explicaron desde la Consejería de Turismo, las corporaciones locales podrán incorporar a su planeamiento urbanístico «prohibiciones, limitaciones o condicionantes de ubicación o zonificación por causa de interés general».
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