La Junta confirmó medio millar de casos de acoso escolar en el sistema público en el curso 2022/2023

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía registró 2.700 activaciones del protocolo de acoso escolar en el sistema público Séneca en el curso 2022/2023, de las cuales medio millar finalmente se confirmó como acoso. Son los datos que ha ofrecido este viernes la consejera Patricia del Pozo en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press en la que ha defendido que el protocolo de acoso y ciberacoso «funciona bien» en la red pública andaluza.

Sobre el acoso, la consejera ha defendido la necesidad de incidir en la prevención y en la alfabetización digital para que «se enciendan todas las alarmas cuando se detecten conductas disruptivas en las redes», de forma que se pueda «frenar cualquier mensaje» que pueda derivar en una situación de abuso. En el caso del uso de pantallas y dispositivos tecnológicos en las aulas, Patricia del Pozo se ha mostrado partidaria de hacer una «combinación equilibrada», en alusión a que su uso debe ir acompañado de actividades como la lectura, que en Andalucía se ha reforzado con la implantación de la media hora de lectura diaria en los colegios.

En este punto, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto ya el proceso de participación que desembocará en el cambio de los decretos de funcionamiento de los centros públicos con el fin de incluir en ellos la prohibición de usar móviles hasta segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como así recomendó el Consejo Escolar de Andalucía en un dictamen que abogaba por aumentar las restricciones de uso de estos dispositivos. La consulta pública está abierta hasta el próximo 15 de mayo.

Así figura en el portal de transparencia, consultado por Europa Press. «Tal y como pone de manifiesto el dictamen del Consejo Escolar de Andalucía, el fracaso escolar y el bajo rendimiento académico son consecuencia, en ocasiones, de un número excesivo de horas de exposición a dispositivos digitales y teléfonos móviles, siendo éstos un elemento de dispersión y distracción en el aula que perturba los procesos de enseñanza y aprendizaje, dificultando el desarrollo de determinados procesos cognitivos básicos como la memoria, la percepción, la atención y la escucha», señala la Consejería en el portal.

«Para dar una mayor seguridad jurídica a la restricción del uso de móviles y otros dispositivos, es necesario acometer la modificación de los decretos 327/2010, de 13 de julio, y Decreto 328/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria y el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de educación especial», detalla la Junta.

La Administración educativa sostiene que «existe un alto número de conductas disruptivas en los centros vinculadas al uso indebido de los teléfonos móviles de uso personal, que se ha extendido sensiblemente a todos los espacios del entorno educativo». La futura norma «pretende proporcionar un marco normativo que regule la restricción del uso de dispositivos móviles y otros dispositivos análogos por parte del alumnado, considerando su edad, etapa educativa y tipo de enseñanza».

Igualmente, y con el objetivo de «dar mayor agilidad a la demanda de la sociedad actual respecto a las enseñanzas de idiomas de régimen especial de manera que se alcancen las correspondientes certificaciones en plazos más cortos, se hace necesario modificar el vigente Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía». En la actualidad, según la Junta, la impartición de estas enseñanzas es «demasiado rígida» respecto a los plazos para alcanzar las correspondientes certificaciones.