Andalucía impulsa una comisión de seguimiento a modo de «gabinete de crisis» que evaluará el avance de la sequía

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a la constitución de la Comisión de Seguimiento de la Sequía en Andalucía, una «especie de gabinete de crisis» que implicará a varios departamentos del Ejecutivo andaluz bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y que se dedicará a «coordinar, planificar, hacer seguimiento y evaluar las medidas que en todos los ámbitos haya que tomar ante la situación de sequía» que atraviesa Andalucía.

Así lo ha expuesto el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que esta comisión de seguimiento empezará sus trabajos el próximo viernes, tras lo que irá reuniéndose «de manera periódica, constante», y en la que se integrarán, además del departamento de Agricultura, las consejerías de la Presidencia, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Fomento, así como las de Turismo y Política Industrial por representar dos sectores «especialmente afectados» por la sequía.

Antonio Sanz ha explicado que en dicha comisión se va a acometer, en primer lugar, un «análisis y evaluación de los principales indicadores de la sequía», de forma que «de manera periódica vamos a ir evaluando la situación, cuáles son los planes de sequía en las distintas demarcaciones andaluzas», así como a elaborar propuestas sobre las medidas encaminadas a hacer frente a esta situación, de modo que se concibe también como una «iniciativa de anticipación».

Desde la Junta han defendido así que la decisión de impulsar esta comisión se adopta «para desarrollar una política efectiva dirigida a la mejora de la seguridad hídrica y a la mitigación de los efectos de la escasez de agua, afrontado así los retos que afectan a varios departamentos de la Administración» autonómica.

En esa línea, esta comisión nacerá también «para el estudio y el análisis del impacto económico que puede tener la sequía vinculado a usos de agua, que afecta a sectores productivos de gran importancia en Andalucía como la agricultura y ganadería, pero también al turismo, la industria y el sector energético, y su posible repercusión sobre el medio ambiente».

CRONOGRAMA

Sanz ha defendido que el actual Gobierno andaluz «jamás se va a cruzar de brazos ante los problemas importantes, y mucho menos ante la sequía», y en esta comisión también trabajará «en el seguimiento de un cronograma que ya desarrollamos sobre la implantación» de una serie de medidas y la «evaluación de los resultados obtenidos».

Ha añadido que la Junta trabaja, en el ámbito de las cuencas hidrográficas que son de su competencia, con «el objetivo de aportar 120 hectómetros cúbicos más que se van a incorporar nuevos», y que se deberían unir a las «obras» que la Administración autonómica reclama del Gobierno de España, del que depende la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Sanz ha precisado, en relación a dichos hectómetros cúbicos de más que se quieren incorporar, que «ya están operativos 33 más», y «48 se van a incorporar muy pronto con las infraestructuras, obras y decisiones que se han ido tomando en esta materia».

De igual modo, ha indicado que la Junta trabajará en «colaboración y coordinación» en relación con las iniciativas en materia de sequía que surjan de «cualquier administración», porque no busca la «confrontación», sino que el Gobierno andaluz «siempre» quiere estar «en la solución».

El consejero de la Presidencia ha remarcado además que, en estos meses, la Junta ha aprobado dos decretos de sequía destinados a paliar estos efectos al entender que todos los indicadores ponían de manifiesto la escasez de recursos en un año «excepcionalmente seco».

Así se ha recogido en las deliberaciones mantenidas en los comités de gestión y las comisiones para la gestión de la sequía celebrados en las distintas demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de competencia autonómica, según se subraya en la referencia del Consejo de Gobierno, donde se expone que estas actuaciones respondían a que las precipitaciones y aportaciones acumuladas se situaban incluso en algunas zonas por debajo de valores mínimos históricos.

A fecha actual, las reservas del conjunto de dichas demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Cuencas Mediterráneas Andaluza; Guadalete-Barbate; Tinto, Odiel y Piedras) se sitúan en el 33,66% de su capacidad, afectando a la garantía del abastecimiento en las poblaciones afectadas, repercutiendo también de manera significativa a los cultivos de regadío por no poder satisfacer su demanda de agua.

FONDOS EUROPEOS EN DESALACIÓN, AGUAS REGENERADAS Y ABASTECIMIENTO

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento también este martes del informe presentado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la situación de la sequía en Andalucía, así como sobre la reunión mantenida en Madrid la semana pasada entre la consejera del ramo, Carmen Crespo, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «en la que se logró el compromiso de más fondos ‘Next Generation’ para obras hídricas en Andalucía a través de una reprogramación de estos», según han puesto de relieve desde la Junta.

El informe señala la importancia de aprovechar todas las fuentes hídricas impulsando, por ejemplo, la desalación y la obtención de aguas regeneradas y apostando por la solidaridad entre cuencas.

En este sentido, el documento recuerda que la Junta ha movilizado del orden de 1.500 millones de euros para obras hídricas y ha destinado 141 millones de euros para actuaciones contenidas a través de los dos decretos de sequía. Además, el documento insiste en la necesidad de impulsar obras para la desalación, depuración, abastecimiento y de cara a los municipios más pequeños.

Respecto de la desalación, se ha puesto de manifiesto que en la reunión con el Ministerio se abordó la necesidad de que el Estado acometa obras necesarias tales como duplicar la capacidad de la desaladora de Carboneras, realizar la de la Axarquía y ampliar la de Marbella-Mijas.

También se ha reiterado la importancia de ejecutar otras actuaciones en materia hídrica que, en la mayoría de los casos, se declararon de interés general del Estado hace más de diez años, como los tramos de conducciones de las presas de Rules (Granada) y Siles (Jaén), las actuaciones pendientes en las desaladoras del Almanzora y Campo de Dalías y la conexión de Tabernas con la Venta del Pobre, en la provincia de Almería. También se reclamó la bonificación del agua desalada, como mínimo a 0,30 euros, tanto para los regantes como para los municipios.

Por último, el informe «recuerda la importancia de que el Gobierno de España contribuya a ayudar a los regantes, agricultores y ganaderos para modernizar el regadío, de manera que mejore su eficiencia energética e hídrica, en la misma forma en que se hace desde el Gobierno andaluz, y en la necesidad de que se ejecuten las obras de transferencia hídrica de 19,99 hectómetros cúbicos de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a Doñana; así como como el trasvase del Tajo-Segura».

SITUACIÓN DE DOÑANA
En otro orden de cosas, y a preguntas de los periodistas sobre la situación hídrica del espacio natural de Doñana, el consejero de la Presidencia ha indicado que «todas la administraciones tenemos que involucrarnos» en este asunto.

No obstante, ha precisado que, «en el ámbito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en relación con Doñana y los incumplimientos de la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitat, el 80% de los incumplimientos del Reino de España se basan en el incumplimiento de la Directiva Marco de Agua, que es competencia del Estado».