Suspenden el juicio a una red de tráfico de drogas organizado por una mujer desde Marbella

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha suspendido este lunes el juicio previsto a los presuntos integrantes de una red de tráfico de drogas desde la localidad malagueña de Marbella, en la que actuaba como supuesta intermediaria una mujer, apodada ‘La modelo’, quien mantendría reuniones y contactos con el resto.

Así, la vista oral estaba prevista que se desarrollara durante esta semana, pero no ha comenzado porque uno de los abogados defensores presentó una petición de suspensión por enfermedad, por lo que habrá que fijar una nueva fecha el juicio por este caso en el que hay diez acusados, entre ellos esta mujer.

Asimismo, el fiscal delegado en Marbella de la Fiscalía Especial Antidroga, Carlos Tejada, que ha llevado este caso desde el comienzo, y las defensas de los acusados han iniciado conversaciones para llegar a un posible acuerdo de conformidad, que en este caso sería parcial, ya que inicialmente no se acogerían todos los procesados.

Este acuerdo podría prosperar en el caso de la mayoría de los acusados, pero no para los tres considerados por la acusación pública como los supuestos «líderes» de la organización, entre los que está la principal procesada, que se enfrenta a una petición de diez años de cárcel.

A ella se le acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas. Al resto de los nueve procesados se les acusa de los mismos delitos, aunque en algún caso se añade tenencia ilícita de armas y uso de documentos falsos; solicitando el fiscal penas que van de los cinco a los ocho años y medio de cárcel.

Este grupo estaría formado en origen por personas de nacionalidad colombiana y española, aunque después también se comprobó la existencia de contactos con ciudadanos polacos asentados en Marbella y sus alrededores, y de daneses asentados en Barcelona y sus cercanías, según se señala en el escrito inicial de acusación de la Fiscalía consultado por Europa Press.

Como todo acuerdo de conformidad, en este caso los procesados que se acojan a él tendrían que asumir su culpabilidad en los hechos por los que están acusados y el fiscal modificaría su acusación inicial, que supondría una rebaja de la pena de prisión «siempre dentro de los límites mínimos legales».

El letrado de la principal acusada, Manuel Montaño, ha asegurado que intentarán probar la inocencia de su clienta, porque «entendemos que hay razones fundadas para poder pelear este juicio» y ha señalado que la propuesta de acuerdo supone «una pena bastante dilatada para lo que se está dilucidando y, además, hay razones para poder demostrar su inocencia».

Asimismo, el abogado ha asegurado que su clienta «tiene esperanza y fuerza todavía, pero lo que quiere es terminar cuanto antes y aclarar su situación», apuntando que tiene «toda su familia en España y tiene nacionalidad española».

Este lunes también se ha celebrado una vista para la prórroga de prisión de esta acusada y otros dos que están en la cárcel de forma provisional. En dicho acto, el fiscal ha insistido en que permanezcan en prisión por riesgo de fuga, por pertenencia a una organización criminal «fuerte» y, además, porque uno de ellos tiene una orden de detención europea. La Sala decidirá al respecto en los próximos días.

La investigación comenzó en los últimos meses de 2020 y se centró inicialmente en la principal acusada, que tenía «fuertes contactos y vínculos» con los investigados y mantenía «frecuentes reuniones» con ellos, según señala el escrito provisional de acusación.

La mujer ya había sido investigada con anterioridad «y cuyas parejas sentimentales anteriores habían estado involucradas en el tráfico de drogas». En concreto, su exmarido fue detenido en 2005 en una operación y se le intervino la cantidad de 6.100 kilogramos de cocaína, según el fiscal.

También su pareja más reciente, investigado en esta causa aunque no se ha realizado acusación al estar en ignorado paradero, fue condenado en Dinamarca en 2014 por tráfico de sustancias estupefacientes a la pena de diez años de prisión, pone de manifiesto el ministerio público.

Según esta acusación, a la procesada «no le consta actividad laboral acreditada alguna» y vivía en un chalet en Marbella, cuya titularidad registral recae en una sociedad panameña, «tipo off-shore», valorado en 1,1 millones de euros, disponiendo de piscinas y jardines de mas de 3.000 metros cuadrados, y con unos gastos de mantenimiento, agua y luz que «son de una cantidad muy elevada».

El ministerio fiscal señala que, fruto de los seguimientos y vigilancias se determinó que, presuntamente, era ella la que mantenía «frecuentes» reuniones en Marbella con el resto de los acusados, «formando, por lo tanto, todos ellos un grupo con el mismo objetivo pero con la distribución de la sustancia estupefaciente pactada en diversos lugares de España, y en los países del norte de Europa».

Así, en enero de 2022, a raíz de esas vigilancias, los agentes tuvieron conocimiento de varios operativos de transportes previstos, por lo que realizaron seguimientos, comprobando los investigadores que existían «indicios racionales» de que en determinadas viviendas se pudiera estar almacenando droga, por lo que solicitaron las autorizaciones judiciales para los registros. En ellos, se incautaron distintas cantidades de sustancias.

En la vivienda de la principal investigada se intervino distintas cantidades de resina de cannabis, pero principalmente un paquete con el anagrama ‘RR Royce’ de una sustancia prensada y compactada que resultó ser cocaína, con un peso de 977,20 gramos, sustancia valorada en 103.086 euros.