Mijas reitera su compromiso para que la estabilización laboral de los trabajadores municipales se lleve a cabo con total garantías y en el plazo establecido

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Mijas celebrado esta mañana ha vuelto a ser testigo de las reivindicaciones de los trabajadores municipales con respecto a la estabilización de sus puestos.

Desde el ejecutivo local se reitera que el objetivo último es la estabilización laboral de los 383 empleados y que la misma debe llevarse a cabo con todas las garantías legales y acordes a lo establecido en la normativa de la UE con respecto a la oferta de Empleo Público de Estabilización.

Es por ello por lo que, para dotar al proceso de total salvaguardias, ajustarlo a la legalidad y evitar impugnaciones, se plantea la necesidad de corregir los defectos y debilidades detectados por la Intervención Municipal en el procedimiento que pasan por dotarlo de un mayor nivel de detalle de la información incluida en los expedientes. En su informe se recuerda que en la estabilización se consolidan plazas y no puestos ni personas, por lo que en la misma no deben tomarse en consideración los puestos de trabajadores con una relación estable con el consistorio (funcionarios de carrera o laborables fijos) ni las que tengan una relación de provisionalidad con el puesto desempeñado, y que el proceso de estabilización no debe ser considerado como un procedimiento de promoción interna, para lo cual existen otros mecanismos y recursos.

En este tiempo transcurrido sin que el anterior procedimiento llegara a término, han sido muchos los municipios que han consolidado sus estabilizaciones y que sirven de ejemplo para no incurrir en defectos ni contratiempos. Tal es el caso de Estepona, Marbella, Fuengirola, Vélez Málaga o la propia Málaga capital cuyos procesos difieren del pretendido en Mijas, tal y como señala la intervención.

Para dotar al procedimiento de más garantías se ha solicitado, además, informe a Función Pública.

Sea como sea, desde el Ayuntamiento se insiste en el trabajo firme para cumplir con la normativa europea aprobada en diciembre de 2021, cuyo objetivo fundamental es la reducción de los índices de temporalidad en las administraciones públicas, y niega que el proceso se haya paralizado sino que, por el contrario, reitera la necesidad de ser escrupulosos con lo que la normativa establece para evitar impugnaciones y preservar los derechos de los trabajadores.