La Fiscalía de Málaga ha acusado a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas desde la localidad malagueña de Marbella hasta lugares del este y norte de Europa. Según las conclusiones iniciales del ministerio público, las investigaciones se centraron al comienzo en una mujer colombiana, que era la que, supuestamente, mantenía los contactos y reuniones con el resto de procesados.
A ella se le acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas y el fiscal pide que se le imponga una pena de diez años de prisión. Hay otros nueve procesados a los que les acusa de los mismos delitos, aunque en algún caso se añade tenencia ilícita de armas y uso de documentos falsos; solicitando penas que van de los cinco a los ocho años y medio de cárcel.
La investigación se inició tras las informaciones proporcionadas a través de los enlaces oficiales policiales por la Oficina Anti-Estupefacientes francesa, a los grupos especializados en tráfico de sustancias estupefacientes, Udyco Central y Greco Costa del Sol, sobre la existencia en esta zona de un grupo de personas supuestamente dedicado a dicha actividad.
Este grupo estaría formado en origen por personas de nacionalidad colombiana y española, aunque después también se comprobó la existencia de contactos con ciudadanos polacos asentados en Marbella y sus alrededores, y de daneses asentados en Barcelona y sus cercanías, según se señala en el escrito inicial de acusación de la Fiscalía.
Estas pesquisas comenzaron en los últimos meses de 2020 y se centraron inicialmente en la principal acusada, que tenía «fuertes contactos y vínculos» con los investigados y mantenía «frecuentes reuniones» con ellos, según señala el escrito provisional de acusación.
La mujer ya había sido investigada con anterioridad «y cuyas parejas sentimentales anteriores habían estado involucradas en el tráfico de drogas». En concreto, su exmarido fue detenido en 2005 en una operación y se le intervino la cantidad de 6.100 kilogramos de cocaína, según el fiscal.
También su pareja más reciente, investigado en esta causa aunque no se ha realizado acusación al estar en ignorado paradero, fue condenado en Dinamarca en 2014 por tráfico de sustancias estupefacientes a la pena de diez años de prisión, pone de manifiesto el ministerio público.
Según esta acusación, a la procesada «no le consta actividad laboral acreditada alguna» y vivía en un chalet en Marbella, cuya titularidad registral recae en una sociedad panameña, «tipo off-shore», valorado en 1,1 millones de euros, disponiendo de piscinas y jardines de mas de 3.000 metros cuadrados, y con unos gastos de mantenimiento, agua y luz que «son de una cantidad muy elevada».
El ministerio fiscal señala que, fruto de los seguimientos y vigilancias se determinó que, presuntamente, era ella la que mantenía «frecuentes» reuniones en Marbella con el resto de los acusados, «formando, por lo tanto, todos ellos un grupo con el mismo objetivo pero con la distribución de la sustancia estupefaciente pactada en diversos lugares de España, y en los países del norte de Europa».
Así, en enero de 2022, a raíz de esas vigilancias, los agentes tuvieron conocimiento de varios operativos de transportes previstos, por lo que realizaron seguimientos, comprobando los investigadores que existían «indicios racionales» de que en determinadas viviendas se pudiera estar almacenando droga, por lo que solicitaron las autorizaciones judiciales para los registros. En ellos, se incautaron distintas cantidades de sustancias.
En la vivienda de la principal investigada se intervino distintas cantidades de resina de cannabis, pero principalmente un paquete con el anagrama ‘RR Royce’ de una sustancia prensada y compactada que resultó ser cocaína, con un peso de 977,20 gramos, sustancia valorada en 103.086 euros.
