La Consejería de Justicia, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos pactaron el pasado jueves un acuerdo de colaboración pública-pública a tres bandas, pionero, para dotar a Torremolinos de una nueva sede judicial que unifique sus diez juzgados, actualmente dispersos en tres edificios, y que cuente con espacio para futuros que se creen.
El consejero José Antonio Nieto se comprometió “públicamente” a responder a la valentía del presidente de la Diputación, Francisco Salado, al asumir la construcción garantizando “desbloquear” los proyectos de otros cinco partidos de la provincia en Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030.
Según Nieto, la situación de las sedes judiciales malagueñas es “vergonzosa”, señalando que además de desbloquear la sede judicial de Torremolinos, «asumimos el compromiso de desbloquear las de Marbella, Estepona, Torrox, Fuengirola y Archidona”.
La nueva sede judicial será construida por la Diputación de Málaga en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento que permitirán “duplicar” la superficie actualmente destinada a los diez órganos judiciales con los que cuenta el partido, que también da servicio a Benalmádena. Los 3.987m2 que actualmente suman en total las tres sedes resultan “insuficientes” para los diez juzgados y no hay espacio para la creación de nuevos órganos en una zona en constante crecimiento de población y desarrollo económico, lo que conlleva mayor actividad judicial. En el caso del nuevo edificio, este contará con 8.465 m² y el proyecto de ejecución que la Consejería de Justicia entregará a la Diputación ha sido redactado por la arquitecta Pilar Macías.
Este suelo fue puesto a disposición del Gobierno andaluz, por parte del Ayuntamiento de Torremolinos, en 2005. Finalmente el proyecto no llegó a ponerse en marcha. Con la llegada de Margarita del Cid, se asumió el compromiso de cumplir con esta demanda tanto de los agentes judiciales como de la propia ciudadanía.
Esta ha sido la primera vez que la Consejería de Justicia firma un protocolo con una Diputación y además en este caso la colaboración es a tres bandas, por lo que: el Ayuntamiento cede el suelo, la Diputación construye el edificio con un proyecto redactado por la Junta y la Consejería se compromete al alquilarlo para uso judicial durante 30 años a una renta que permita a la institución provincial recuperar la inversión.
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