Marbella pide que se ejecuten sentencias de condenados en ‘Malaya’ por valor de 250 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria de noviembre, reclamar a la Administración de Justicia –en este caso, a la Abogacía del Estado– que se ejecuten de manera forzosa las sentencias sobre el patrimonio de tres condenados por el caso ‘Malaya’, cuya responsabilidad alcanza los 250 millones de euros, para evitar que puedan prescribir.

Además, la Corporación municipal ha acordado instar al Gobierno central a que incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 una modificación legislativa que mantenga, como ya se hizo en 2018, la posibilidad de retorno a la ciudad del dinero en concepto de multas derivado de procedimientos judiciales por corrupción para destinarlo, a través de la formalización de un convenio, al fomento de actuaciones de interés público general para la localidad.

En la actualidad, en el Tesoro Público se encuentran ingresados casi 3,1 millones de euros recaudados en relación con el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, juzgado en la Audiencia de Málaga.

Con respecto a la primera moción, presentada por el equipo de Gobierno, el portavoz municipal, Félix Romero, ha señalado que «nosotros tenemos que buscar soluciones para pagar esas deudas que venían de la corrupción y, sin embargo, la deuda derivada de la corrupción resulta dificilísima de percibir a menudo y, además, con la pasividad muchas veces de la administraciones superiores».

En este sentido, el concejal ha lamentado que «da la impresión de que al Ejecutivo de la Nación «no parece dolerle lo que nos robaron, ni las dificultades que se le sigue causando al pueblo de Marbella». Ha recordado «que cuando estalla el caso ‘Malaya’ por orden de los tribunales se procede a dictar orden de detención de una serie de personas y a embargar un importante número de bienes precisamente para que respondiesen los entonces presuntos culpables de sus responsabilidades».

«Lo que proponemos en este pleno es que se reclame la subasta y ejecución de esos bienes, que están próximos a prescribir», ha indicado el edil, quien ha resaltado la relevancia de la Ley de Presupuestos que aprobó el último Gobierno de Mariano Rajoy que permitía que los bienes y el dinero de estos procedimientos «pudiese revertir en Marbella».

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha iniciado el pleno solicitando un minuto de silencio por las mujeres y niños víctimas de violencia de género, ha destacado que «si hay alguien que de manera expresa ha defendido los intereses de esta ciudad en contra de los que avasallaron y los que saquearon Marbella ha sido precisamente desde el primer momento el Grupo Popular».

A este respecto, ha detallado que, tal y como consta en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, «año en el que José Bernal era alcalde del municipio y yo estaba en el Senado, aprobamos que este Ayuntamiento pudiera suscribir un convenio para obtener el destino de las multas, pero el regidor socialista no lo hizo». «Fue en 2018 cuando yo me preocupé de que ese cuantía, que entonces alcanzaba los 2,7 millones en concepto de multas, vinieran a la ciudad, tras firmar el convenio con el Ministerio de Hacienda», ha resaltado.

Muñoz ha puesto el acento en la importancia de que el Ejecutivo nacional «incluya en los PGE la posibilidad de que retornen a Marbella en esta ocasión cerca de 3,1 millones de euros para destinarlos a proyectos de interés para los vecinos y que la ciudad pueda seguir recuperando en los años sucesivos el dinero en concepto de multas».

«Esta propuesta, que traemos año tras año, es un acto de justicia para Marbella porque hay que seguir trabajando para recuperar los fondos», ha afirmado la regidora, quien ha recordado que «en 2012 conseguimos un hito extraordinario, que fue el aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, lo que nos salvó de la quiebra».

«Lo que solicitamos al Gobierno de España es que en los presupuestos generales que se están debatiendo precisamente ahora se incorpore la posibilidad de formalizar ese acuerdo, igual que ya se hizo en el 2018 gracias al apoyo del Ejecutivo central del PP para incluir una modificación presupuestaria que contempla que los derechos económicos derivados de las sentencias firmes de los procedimientos de corrupción de la época Gil volvieran a Marbella», ha precisado la primera edil.

En la sesión ordinaria también se ha acordado por unanimidad instar al Gobierno a que agilice la tramitación de los proyectos de estabilización de las playas de la ciudad, «algo urgente, necesario y vital para Marbella y San Pedro», según ha subrayado la alcaldesa.

Al respecto, ha manifestado que «el temporal que azotó nuestro litoral la pasada semana va a suponer para el Ayuntamiento el adelanto de un millón de euros, que vamos a reclamar a la Junta de Andalucía, y que esperamos también contar con la colaboración del Gobierno central».

«Nuestras playas requieren de una solución definitiva, ya que una ciudad como la nuestra no puede estar pendiente de que un temporal u otro nos afecte», ha añadido.

Asimismo, el Pleno ha aprobado el inicio del procedimiento para la concesión de la Medalla de la Ciudad a las Hijas de María Auxiliadora, al doctor Antonio Díaz Aroca y a Bancosol, con el fin de reconocer, con la entrega de la máxima distinción municipal, el esfuerzo, la entrega y el sacrificio que siempre han demostrado estas instituciones y profesionales en ámbitos tan esenciales como el educativo, el social y el sanitario.

Por otra parte, se ha dado apoyo al Plan de emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral de Marbella, «convirtiéndose la ciudad en uno de los municipios andaluces costeros en tener este documento de ámbito local y que se integra en el Plan de Emergencias de la ciudad, así como en los existentes a nivel provincial y autonómico de prevención en esta materia», según el edil de Seguridad, José Eduardo Díaz.

En otro orden de cosas, se han aprobado mociones relativas a la inclusión de Marbella en el programa ‘Rising up in Spain’, a la modificación del texto refundido para concesión de honores y distinciones, al otorgamiento del nombre ‘Maestro Pepe Moreno’ al nuevo instituto que se está construyendo en El Ingenio y a la adopción de diferentes acuerdos en relación al proyecto de regulación de empleo en Unicaja, entre otros.